En un mundo sacudido por la desigualdad, el último informe de Oxfam Intermón revela que la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del planeta se ha duplicado, alcanzando los 869.000 millones de dólares, mientras que la riqueza del 60% más pobre ha disminuido. Este desequilibrio, evidenciado en el informe «Desigualdad S.A.», plantea un futuro sombrío: se prevé el surgimiento del primer billonario en una década, pero la erradicación de la pobreza se proyecta para dentro de 229 años.
Las élites empresariales, reunidas en el Foro Económico Mundial en Davos, son protagonistas clave. Siete de las diez mayores empresas del mundo tienen a un milmillonario como líder o accionista principal, acumulando un valor de mercado de 10,2 billones de dólares, superando el PIB combinado de África y América Latina.
«Estamos en el inicio de una década de creciente desigualdad», advierte Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón. El informe muestra que el aumento desmesurado de la riqueza extrema persiste, mientras la pobreza global se mantiene en niveles pre-pandemia. Los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, que alcanzaron cerca de 700.000 millones de dólares, se concentran en manos de ricos accionistas.
La situación es especialmente crítica en los países del Norte global, que poseen el 69% de la riqueza mundial. El 1% más rico controla el 43% de los activos financieros globales, exacerbando la desigualdad. Además, 800 millones de personas en 52 países han perdido 1,5 billones de dólares en salarios en los últimos dos años.
El informe también señala la guerra fiscal de las grandes empresas, que ha reducido los impuestos sobre beneficios empresariales en un tercio. En España, el 10% más rico concentraba más de la mitad de la riqueza en 2022, mientras 50 grandes empresas contribuyen a agravar las desigualdades en sectores clave.
Ante esta situación, Oxfam Intermón insta a regulaciones que prioricen el bien común y reformas fiscales para asegurar que las grandes fortunas tributen justamente. La organización propone medidas para una gobernanza democrática de las empresas, la defensa de los derechos humanos y ambientales, y legislaciones que reduzcan la desigualdad salarial.
Es imperativo que los Estados prioricen los servicios públicos, regulen las grandes empresas, acaben con los monopolios y apliquen impuestos permanentes sobre la riqueza. Solo así se podrá frenar la avaricia de las grandes corporaciones y construir un futuro más equitativo.