El Comercio Justo ha dado un paso importante en España. La nueva Ley 1/2026, integral de impulso de la economía social, aprobada definitivamente a finales de marzo y publicada en el BOE el 8 de abril, reconoce de forma expresa al Comercio Justo dentro de las políticas de fomento de la economía social.
Puede parecer una cuestión técnica o lejana, pero no lo es. Hablar de Comercio Justo es hablar de algo muy cotidiano: de cómo se producen y se venden productos que consumimos cada día, como café, cacao, azúcar, ropa o artesanía. Detrás de esos productos hay personas trabajadoras, comunidades productoras, condiciones laborales y también impactos sobre el medio ambiente. El Comercio Justo defiende que esas relaciones comerciales sean más equitativas, más transparentes y más respetuosas con los derechos humanos y con el planeta.
Por eso, que el Comercio Justo sea reconocido en la nueva Ley de Economía Social es una buena noticia. Supone un respaldo legal e institucional a una forma de hacer economía que pone en el centro a las personas, el trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la justicia global. No se trata solo de una mención simbólica: la ley incluye el comercio justo entre las áreas que los poderes públicos deben fomentar dentro de sus políticas de promoción de la economía social.
Además, la propia ley define a las entidades de comercio justo como aquellas cuya finalidad esencial es promover una mayor equidad, sostenibilidad ambiental y transparencia en el comercio global, a través de mejores condiciones comerciales, salarios dignos, respeto a los derechos de las personas y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad. Es decir, la norma reconoce de manera clara los valores y principios que el Comercio Justo lleva décadas defendiendo.
Este reconocimiento es importante porque ayuda a dar visibilidad a un modelo económico que muchas personas todavía desconocen. También abre la puerta a que las administraciones públicas lo impulsen más, a que se tenga en cuenta en políticas de compra y consumo responsable, y a que gane presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha valorado este cambio como un avance histórico para el sector.
En un momento en el que necesitamos respuestas frente a la desigualdad, la crisis climática y las injusticias del comercio global, reconocer el Comercio Justo en la nueva Ley de Economía Social es también reconocer que existen alternativas. Alternativas que ya funcionan, que ponen la vida en el centro y que demuestran que otra forma de producir, comerciar y consumir es posible.
